José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
De inmediato al cierre de las urnas, serán legalizadas por el Tribunal
Superior de Justicia Electoral, y legitimadas por la Organización de
Estados Americanos (OEA), así como por algunos otros organismos y
ciertos gobiernos extranjeros, pero nadie, honestamente, podrá negar la
ausencia de democracia que es la característica más sobresaliente de las
elecciones generales, convocadas para este domingo 21 en Paraguay.
Su realización, si bien puede ser interpretada como una oportunidad para
reordenar la vida institucional del país, fracturada hace 10 meses con
el Golpe de Estado, llamado falsamente parlamentario, el resultado
electoral constituirá un desafío insoslayable para la democracia en todo
el mundo, porque su reconocimiento significará legalizar lo ilegítimo.
¿Qué harán, entonces, el MERCOSUR, UNASUR Y LA CELAC?.
El primer elemento que permite considerar antidemocráticas estas
elecciones es el carácter espurio y faccioso del gobierno convocante,
instalado hace 10 meses tras un Golpe de Estado, llamado parlamentario,
que terminó con la administración de Fernando Lugo, elegido en las
elecciones más libres en 200 años de historia del país, a cuatro años de
su ejercicio y a sólo un año de finalizar su mandato.
La corrupción imperante en toda la campaña electoral a nivel de los dos
principales partidos, el Colorado y el Liberal, cuyos dirigentes
confiesan que han invertido muchos millones de dólares, es el segundo
elemento antidemocrático en juego, al que se debe sumar un tercero: la
censura aplicada por algunos órganos de prensa a las fuerzas
progresistas o de oposición a ese bicéfalo y viejo engendro cupular
colorado-liberal.
En concreto, Aníbal Carrillo Iramain, el presidenciable del Frente
Guasu, encabezado por Lugo, e integrado por una docena de partidos y
organizaciones, acusó al Canal 9 de la Televisión privada y a la propia
Televisión Pública, de censurar a esa fuerza política que, según algunos
sondeos, se situaría en tercera posición en las preferencias del
electorado, con similitudes en las intenciones y parejas posibilidades
con el recién formado Movimiento Avanza País, conducido por el
comunicador Mario Ferreiro.
La discriminación de fuerzas opositoras, en particular las progresistas o
con algún tinte de izquierda, también se ha expresado en la invitación a
los postulantes en los programas de la pantalla chica y en dos actos
públicos realizados en el Banco Central.
Un cuarto elemento probatorio del carácter antidemocrático de las
elecciones de este domingo en Paraguay, es que se llegará a las urnas
con una fuerte presión sobre el pueblo, buscando difundir miedo,
particularmente en las poblaciones rurales, de lo que es una muestra
grosera la docena de presos políticos que, desde hace varios meses,
están repartidos en diferentes cárceles del país, sin condena por falta
de pruebas.
Todos son activistas campesinos, cuyo “delito” es reclamar una reforma
agraria que redistribuya la tierra, y termine con el abandono y
expulsión de sus chacras de unas 300 mil familias, convertidas en
parias, sin que el Ministerio Público haya podido, hasta ahora,
presentar cargos que justifiquen tal encierro, ni tampoco la carátula de
“prófugos” que la Fiscalía ha puesto contra unos 50 humildes labriegos,
obligados a vivir escondidos como delincuentes.
Su calvario, uno más en la larga historia de sufrimiento y humillación
del campesinado paraguayo, comenzó el 15 de junio del año pasado, cuando
se produjo una masacre de campesinos y policías, que diversos elementos
y fuentes consideran que fue parte del plan golpista que, una semana
después, terminó con el Gobierno de Lugo.
Siete policías y unos 20 campesinos murieron, algunos rematados en el
suelo y otros porque las fuerzas del orden los dejaron desangrarse sin
prestarles atención médica.
Ese hecho fue utilizado por la dirigencia derechista, enquistada en los
partidos y gremios empresariales, aplicando un diseño pergeñado por
ciertos diplomáticos extranjeros y elementos de las corporaciones
sojeras y de la megaminería, para acusar a Lugo de mal desempeño de sus
funciones.
En una parodia de juicio político, que duró 17 horas, el parlamento
destituyó al mandatario que había sido elegido democráticamente el 20 de
abril del 2008, en presencia de miles de extranjeros que habían llegado
al país con la esperanza de ver resurgir la democracia en este país
miembro del MERCOSUR y la UNSAUR, de donde quedó suspendido a partir de
cortando el proceso de cambios.
Insultos y acusaciones de corrupción es lo que más sobresale entre los
candidatos con más posibilidades de imponerse. Propuestas de programa de
gobierno no existen. Cartes es presentado por los liberales, y no sólo
por ellos, como narcotraficante y contrabandista y éste dice que
obligará a Alegre a devolver al Estado 25 millones de dólares que
malversó cuando fue Ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Lugo,
quien lo destituyó a los dos años.
En política internacional, aunque es un tema casi ignorado por ambos
candidatos, algo de sus intenciones se filtra a través de algún
postulante a gobernador o parlamentario y, en general, poca diferencia
habría con el comportamiento del actual gobierno del golpe, es decir,
continuar la subordinación a Estados Unidos en todos los planos.
En la afanada competencia por quien es más entreguista de los intereses y
la soberanía nacional, Cartes aparenta ser aún más preocupante que
Alegre, pues se declara partidario de confiar al Ejército la misión de
control de la ciudadanía, desplazando a la policía, proyecto avanzado
por el Pentágono para toda Latinoamérica.
Además, en el entorno del candidato colorado, hay varios egresados de
cursos militares y de espionaje organizados por Estados Unidos, y todos
apoyan la instalación de una base bélica en el Chaco, en la frontera con
Bolivia, con los radares puestos en dirección de Argentina, Brasil,
Venezuela y la rica Amazonía.
Por la vereda de enfrente, camina una parte del
pueblo que piensa diferente, pero que aún no cuenta con una
representación política que vaya a la par, convencida de que el país
necesita cambios políticos, económicos y culturales, tomando cuerpo el
reclamo de un cambio estructural del Estado, cuya función sirva para
consolidar independencia y bienestar social, goces que disfrutó la
población desde el nacimiento de Nación Independiente en 1813 hasta
1864, cuando el imperio inglés lanzó la Guerra de la Triple (Infamia)
Alianza, con los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay.
9:15 a.m.
Valerio Mateo
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